Soy médico y me niego a practicar un aborto. Objeción de conciencia.

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En Colombia y en muchos países del mundo, el aborto es un delito. Sin embargo, es legal en ciertas circunstancias; es decir, no punible. Es la Interrupción Voluntaria del Embarazo o (IVE) y su legalidad se basa en la protección de derechos fundamentales de las mujeres. Su marco de acción está amparado por lineamientos orientados a prevenir abortos inseguros y a regular su práctica. En esta entrada veremos qué sucede cuando un médico no está de acuerdo con ordenar o llevar a cabo un IVE.

En virtud de la protección de los derechos reproductivos, en Colombia, el IVE puede ser practicado legalmente a través de la invocación de causales, que tienen fuerza de ley, y que justifican la práctica de un aborto. Por lo tanto, los prestadores de servicios de salud, las entidades públicas o privadas, de carácter laico o confesional deben cumplir con su práctica, si las mencionadas causales están de por medio.

En este orden de ideas, el aborto no está prohibido absolutamente y sus causales para practicarlo se encuadran dentro de un rango de protección legal de derechos fundamentales.
Imagen tomada de internet
Estos son los casos en que la ausencia de punibilidad faculta esta práctica:

1. Cuando el seguir con la gestación sea peligroso para la vida o la salud de la mujer, certificado por cualquier médico.
El alcance de peligro que conlleva continuar el embarazo, va orientado a la afectación eventual tanto de la vida como la salud física y mental de la mujer. En este caso, en cuanto la mujer conoce del riesgo, tiene la plena potestad legal para decidir si continúa o no con su embarazo y para determinar según sus propios criterios, sin carga o presión alguna, el nivel de riesgo que está dispuesta a correr. El riesgo que corre la salud, puede estar latente en menor o mayor grado, o puede haber una enfermedad manifiesta. Y ese riesgo puede ser durante el embarazo, el parto o luego del nacimiento. El peligro también es considerado como algo que puede causar, acelerar o afianzar una condición que afecte o pueda afectar la salud a corto, mediano o largo plazo.

Podemos observar aquí su amplio marco. Ante la dificultad de ser estimado, serán de ayuda la experiencia clínica, la evidencia científica y la situación individual de la mujer.

El alcance práctico se refiere a un certificado médico basado en parámetros de ética profesional, donde haya una valoración previa por parte de un profesional de la salud, sin que haya la necesidad de que detente una especialidad concreta o pertenezca a alguna institución. Este certificado no valora el riesgo, simplemente manifiesta que lo hay porque el motivo se basa en la potestad propia de la mujer donde ella misma establece el nivel de riesgo que está dispuesta a asumir o no.

2. Cuando hay grave malformación del feto incompatible con la vida certificada por un médico.
En este caso la vida del feto es inviable, no hay posibilidad de cura. Si la vida es procedente, independientemente de cuánto tiempo, esta causal no opera. Esto quiere decir, que una mujer que es notificada de una condición que pueda afectar la vida del bebé pero ser a su vez viable de alguna manera luego del parto, no podrá hacer uso legal de ella y tendrá que hacer uso de la causal anterior en caso de solicitar una IVE.

A nivel práctico, también se refiere a un certificado médico ético con una valoración previa, sin que sea necesario ser especialista o trabajar en alguna entidad de salud.

3. Cuando el embarazo surja de un acto denunciado como acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
Cuando ha habido un embarazo producto de los delitos señalados en esta causal, no es procedente comprobar si los hechos fueron veraces (esta labor le corresponde a la rama judicial). Y se atiende como una urgencia. En caso de una menor de catorce años también; es decir, a ella se le considera capaz para ser sometida a un IVE y su familia no tiene injerencia en su propia decisión de interrumpir un embarazo, el cual además estaría amparado en todo caso por la primera causal, en tanto que se encontraría dentro de la población de riesgo donde su salud se vería afectada. 

Con referencia a casos de discapacidad mental de la mujer objeto de una IVE, la autonomía de la voluntad se protege y no es requisito de procedibilidad cumplir con una orden de interdicción.

A nivel práctico, basta la copia de una denuncia realizada por la afectada o por cualquier persona. También se refiere a un certificado médico basado en parámetros de ética profesional, donde haya una valoración previa por parte de un profesional de la salud, sin que haya la necesidad de que detente una especialidad concreta o pertenezca a alguna institución.

Cuando se presentan otras causales, no es procedente exigir certificaciones para cada una de ellas y prima aquella que tenga menos requisitos.

¿Qué pasa con una entidad o un profesional de la salud que se niega a practicar un IVE?

Todos los profesionales de la salud que conducen su profesión dentro de marcos éticos, morales y legales, así como las entidades que prestan servicios de salud, suelen iniciar acciones orientadas a la prevención de los embarazos no deseados, incluyendo los métodos anticonceptivos que existen. También orientan su actuar con base en el respeto de la dignidad como un derecho fundamental, sin ningún tipo de discriminación. Pero no todos están de acuerdo con el aborto, así haya causales legales para que sea practicado. O no lo saben practicar.

Impedimentos de los profesionales de la salud
Un profesional de la salud o una entidad prestante, que no está de acuerdo con ordenar o llevar a la práctica un IVE, no puede imponer a la mujer que desea interrumpir su embarazo requisitos, trámites o formalidades que no contempla la ley. No puede pedir pruebas o dictámenes médicos o procedimientos de autoridades judiciales, autorización de familiares. Tampoco puede causar dilaciones para que el procedimiento sea revisado o autorizado o faltar a la obligatoriedad referir en caso de no tener disponibilidad o no disponer de la prestación del servicio. Mucho menos realizar acuerdos o pactos para evitar la práctica del aborto legal. Los profesionales de la salud que practican el IVE no pueden ser discriminados por practicar o no un IVE. La obligatoriedad de la norma va tan lejos, que incluso, si en una entidad prestadora hay un solo médico, primarán los derechos de la solicitante y éste tendrá la obligación legal de practicarlo.

Capacitación
Un profesional de la salud, que no necesariamente debe ser especializado, puede no considerarse idóneo para realizar un IVE. Si bien se trata de un procedimiento que suele ser realizado en instituciones prestadoras de baja complejidad y ambulatorio, el acceso a estos servicios de interrupción voluntaria del embarazo deben ser implementados tanto a nivel público como privado, con un personal altamente capacitado, so pena de no poder garantizarse. En últimas, la morbilidad y la mortalidad materna están en juego.

Objeción de conciencia

Un profesional de la salud puede tener impedimentos morales o religiosos para llevar a cabo un aborto legal. Sin prejuicio de las razones que lo motiven, cuando un médico no está de acuerdo con llevar a cabo un IVE tiene un recurso llamado objeción de conciencia. Este impedimento no solamente conlleva el practicarlo; también el ordenarlo. Porque el ordenarlo también conllevaría un acto jurídico con consecuencias. En virtud de su objeción, la persona reconoce la legitimidad de la orden de ley, pero se escuda legalmente en un derecho fundamental, que es su libertad de conciencia, de pensamiento y/o de religión y culto.

No obstante, tanto el profesional (esté de acuerdo o no con la práctica legal del aborto), como las instituciones prestadoras de salud, están obligados a respetar la autonomía de la libertad en cuanto a la decisión legal de seguir o no con un embarazo cuya terminación está amparada por estas causales, y a brindar información a todas las mujeres sobre las causales que justifican legalmente un aborto.

La confidencialidad y el secreto profesional, y su garantía, hacen parte de estos deberes, así como también asesorar a tiempo y claramente sobre esta práctica y a aceptar como veraz un criterio en el que se certifique que de continuar con el embarazo hay riesgo para la salud de la mujer.

Es importante aclarar que una institución, al no tener conciencia, no puede negarse a practicar un aborto legal amparada en esta herramienta.

Derechos que chocan
Estamos hablando de derechos fundamentales. Por un lado, el derecho del galeno que se ampara en su conciencia. Por el otro, el derecho de las mujeres de abortar en circunstancias pactadas como legales, se amparan en sus derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, la libertad, la dignidad humana, a la no discriminación, a la autonomía de la voluntad, a la vida, a la salud, a la integridad, a la no discriminación, a la autonomía y la capacidad de tomar decisiones libres e informadas en lo que atañe al cuerpo. Aquí están chocando derechos de la misma jerarquía, esto es, que no puede eliminarse la garantía de uno de ellos para lograr que se ampare el otro.

En el terreno de la práctica, si bien las creencias, principios y valores personales, así como el ejercicio de la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para que las mujeres accedan a la interrupción voluntaria del embarazo con el fin de salvaguardar su vida y salud, amparado en su derecho, el médico puede abstenerse de ordenar o de practicar el IVE.

No obstante, el galeno no tiene el derecho de omitir información, tampoco a aplicar estrategias de persuasión para que la mujer cambie su opinión. Y no puede impedir el acceso a los servicios de IVE. Por el contrario, debe remitir a una entidad o profesional no objetor que lo haga, no puede omitir informar a tiempo a quien lo consulta, o no reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No está demás mencionar que debe exponer su objeción de conciencia sin hacer juicios de valor.

Es como una manera de resolver el choque de derechos, respetar los derechos de las mujeres amparadas por estas causales y reconocer los derechos sexuales y reproductivos...

Marco jurídico colombiano:
Ley 100 de 1993 
Contenidos del Plan Obligatorio de Salud (POS).
Sentencia C-355 de 2006, proferida por la Corte Constitucional.
sentencia T-585 de 2010
 la Ley 1.146 de 2007
Resolución No. 1.776 de 2008
sentencia T-209 de 2008 
sentencia T-388 de 2009
Sentencia T-209 de 2008
 Ley No 1.098 de 2006
 Ley No1.146 de 2007
ICBF -Circular No 068 de 2008
Sentencia T-841/11
Sentencia T-636/11
Acuerdo No 029 de 2011
Circular No 003 de 2013
Decreto No 1.011 de 2006
Acuerdo No 34 de 2012
Resolución No 1.441 de 2013

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